La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, afirmó hoy que el plan de austeridad, que permitirá ahorrar hasta 50.000 millones de euros hasta 2013, debe afectar a "casi todas" las partidas de gasto de la Administración General del Estado (AGE) "porque si no, no salen las cuentas".

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, la ministra de Economía y Hacienda reconoció que el déficit estimado para 2009, que se ha disparado hasta el 11,4% para el conjunto de las administraciones, "lleva (al Gobierno) a actuar rápidamente".

Preguntada por qué no se realizó un mayor recorte del gasto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010 cuando se aprobaron en el mes de diciembre, Salgado afirmó que "la diferencia" es que entonces no se conocían estas cifras de déficit, "que han sido superiores a las que se estimaban", casi dos puntos por encima.

En estas circunstancias, Salgado aseguró que el Ejecutivo ha presentado una propuesta "valiente" y ha querido "dar ejemplo" asumiendo la mayor parte del recorte, hasta 40.000 millones de euros, que, recordó, no afectarán a las partidas de gastos social ni inversiones en innovación.

Además, la vicepresidenta segunda del Gobierno respondió a las críticas y peticiones vertidas por el PP desde la elaboración de los Presupuestos para 2010 asegurando que suprimir ministerios supondría un recorte "prácticamente insignificante" en términos de gasto.

LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

Por otro lado, Salgado se refirió a los 10.000 millones de euros que habrán de recortar las comunidades autónomas. Al respecto, comenzó señalando que, si bien aún no se conoce "con exactitud" el déficit que arrastran las comunidades autónomas, existe una "estimación realista" de que han superado el autorizado, fijado en el 1,5% para 2009.

Ahora bien, Salgado indicó que la obligación del Gobierno es darle a las comunidades autónomas la posibilidad de que "elijan donde quieren hacer el recorte del gasto", y reconoció que "tienen menos margen" que el Estado.

Con todo, la vicepresidenta económica del Gobierno ahondó en estos aspectos y dejó claro que algunos de los recortes en el ámbito autonómico sí podrán ser exigidos desde el poder central, como el recorte en el capítulo de personal.

"Lo que cuestan los trabajadores públicos tiene que reducirse en un 4% en estos años", a partir de una combinación de reducción de incorporaciones y una moderación de los salarios. "Tendremos que ver qué combinación quieren los sidnicatos", añadió antes de recordar que, asimismo, corresponde a Hacienda aprobar las peticiones de endeudamiento de las comunidades autónomas". "Algo de control sobre ese gastos sí tenemos", sentenció.